Juan Ciudadano / Primero cinturón y uñas, después reforma

Fuente: El Norte

En cualquier parte cuesta trabajo defender una propuesta de reforma fiscal que recarga el incremento en la recaudación en la clase media. Lo difícil se vuelve inaceptable en países como México, en los que, además, quienes buscan recaudar más deciden dejar de lado -en el mejor de los casos posponer- el dispendio y corrupción con recursos del erario.

La señal sobre lo ineludible que es el problema la dio el propio Presidente electo cuando planteó la necesidad de una fiscalía anticorrupción como la causa con la cual debía arrancar la actual Administración. Algo pasó en el camino y se dio un viraje en la visión y la estrategia.

Se optó por la vieja lógica falaz de pretender que la corrupción no afecta lo energético, que no afecta lo hacendario y que cada cosa va por vía separada y la secuencia no importa tanto. Ya tendríamos que haber aprendido que no es así.

Le compramos su agenda modernizadora limitada a lo económico a Salinas. Después Zedillo, Fox y Calderón tímidamente dieron pasos hacia la transparencia y el combate a la corrupción. Ahora, tras 25 años, un nuevo Presidente con bríos reformistas nos quiere volver a vender la idea de que lo importante es poder comprar, hacer y vender «fierros», el «software» no importa.

Decía Peña Nieto la semana pasada en Pesquería, mientras inauguraba una planta de mil 100 millones de dólares de la empresa Ternium, que «el Gobierno de la República se ha propuesto realmente impulsar una agenda transformadora para el país, porque lo que no podemos es mantener una condición pasiva, una condición estática mientras el mundo está cambiando».

Tomada en su contexto nacional, la crítica a la resistencia va dirigida a quienes se oponen a que el Gobierno se asocie con particulares para producir más energía (reforma energética), o los que se resisten a pagar los impuestos adicionales que necesita el País (reforma hacendaria). Pero esa crítica a lo que frena el progreso no toca ni con el pétalo de una rosa a los servidores públicos -sus colegas- que dilapidan y roban recursos públicos porque falta vigilancia, rendición de cuentas, castigos.

De hecho, ahí sentadito en primera fila frente al Presidente estaba el Gobernador Rodrigo Medina, que duplicó la deuda del Estado, la llevó al segundo lugar nacional y a pesar de la quiebra de la Entidad gasta 2.2 millones de pesos diarios en comunicación. Es precisamente a servidores públicos como Medina a los que el Gobierno federal debe dirigir sus discursos y acciones de cambio, no a los contribuyentes.

Y esos discursos y acciones que Peña Nieto debe redireccionar son previos a cobrarle más impuestos a millones de mexicanos cuyo único pecado es trabajar.

Por si hiciera falta ser más directos, el cambio -esa innovación que todavía no ubica en el horizonte Peña Nieto- consistiría en que el Gobierno se apriete el cinturón y corte las uñas de su gente antes de ir tras la cartera de la clase media.

Para pedir más recursos, sobre todo para intentar dar un sablazo de 240 mil millones de pesos, primero hay que legitimar el gasto actual con más transparencia, claridad contable, racionalidad y castigo a la trampa.

Transparencia

Sólo por escoger un par de ejemplos, está muy bien la idea del seguro social universal, pero por qué no empezar por transparentar el gasto del seguro popular. Según una investigación reciente de Fundar, los renglones más cuantiosos de gasto del seguro popular presentan serios problemas de opacidad, tanto a nivel federal como de los estados. ¿Qué se está haciendo para resolver esto?

O en otro rubro muy distinto como el del gasto en publicidad, ¿dónde quedó la promesa de establecer nuevas reglas que le dieran total trasparencia a la relación comercial entre el Gobierno y las televisoras?

Claridad contable

En México tenemos un nuevo marco jurídico para la contabilidad gubernamental, pero el esfuerzo de implementación es endeble, por no decir nulo; no está en las prioridades de la Secretaría de Hacienda. Con una contabilidad homogénea entre todos los municipios y estados del País se podría comparar la eficiencia en el uso de recursos e identificar indicios de corrupción.

Lo que necesitamos es un Gobierno federal que les diga a los Gobernadores: «Señores, a ver cómo le hacen, pero tienen que lograr más con menos». En lugar de esto lo que tenemos es: «Ayúdenme a mover a los legisladores para aprobar la reforma que le saque más dinero a la clase media».

Castigo a los tramposos

¿En qué momento se decidió que aquello que parecía lo más urgente, recién pasada la elección, pasó a ser algo trivial y fuera de las prioridades reformistas de este Gobierno? Si se va a iniciar un esfuerzo serio y con dientes en combate a la corrupción, ya van tarde para impulsarlo.

Antes de pensar en diseñar nuevos impuestos para extraerle más a quienes producen riqueza, hacen falta garantías sobre el uso de los recursos públicos.

Si alguien le dice «esos cambios vendrán después», no le crea.

juanciudadano@juanciudadano.com

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