Violencia por narco ha costado a México hasta 12% del PIB: BID

Fuente: El Economista

Por Yolanda Morales

 

Desde el 2006 se distingue el impacto de la violencia por narcotráfico en la actividad productiva, el empleo y la inversión.

 

El impacto económico en México a causa de la violencia es de aproximadamente 12% del PIB, según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En un estudio del banco, retomado por organizaciones no gubernamentales en marzo pasado, dimensiona el nivel del impacto resentido por la economía del país.

Asimismo, otro análisis del BID de noviembre del año pasado, que publicó la Universidad de Stanford, argumenta que “en México existe un umbral de violencia relacionada con el narcotráfico a partir del cual se contrae la actividad económica en general”.

En el documento más reciente, titulado “Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México”, Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz Magaloni, responsables de la investigación auspiciada por el BID, reconocen que desde el 2006 hay un problema de identificación clara del efecto que ha tenido este fenómeno en la actividad productiva.

En los años de escalada de violencia relacionada con el narcotráfico, situados por el BID a partir del sexenio de Felipe Calderón, coincidieron otros dos fenómenos que afectaron al PIB: la crisis financiera mundial y la influenza por el virus AH1N1.

Como consecuencia, afirman que “si bien la violencia tiene efectos negativos sobre la actividad económica y el desempleo, un desempeño económico deficiente o poco equitativo puede ser generador de violencia”.

Los analistas fijan el primer año de la administración calderonista como el arranque de una escalada de violencia generada por el narcotráfico, a partir de la “ofensiva federal que originó el abatimiento y detención de líderes de los cárteles de las drogas”.

Esto dio lugar, destacan, al surgimiento de nuevas organizaciones que compiten por rutas y plazas, lo cual incrementa la violencia.

El miedo a ser víctima de un delito induce cambios de comportamiento; la gente deja de salir a la calle por las noches, de usar el transporte público, o de manejar en carretera, lo cual debe tener un impacto en el consumo y en la actividad económica, especialmente en los sectores de turismo, servicios y comercio.

Según los especialistas, la delincuencia común se pudo haber desatado a la par de la ofensiva a los cárteles del narcotráfico, porque la policía municipal o estatal se vio distraída en las capturas y pesquisas sobre la corrupción, o por la captura de los jefes policiales.

Foco rojo en municipios

El análisis indica que el aumento de homicidios impacta directamente en la tasa de ocupación de determinado municipio y propicia una reducción en la proporción de propietarios de negocios en la demarcación y de autoempleados.

Asimismo, es posible que la violencia no afecte a la economía en forma lineal, pero sí afectar en la economía después de cierto nivel, lo cual podría reflejar también una guerra entre cárteles por control de plazas y rutas de tráfico de drogas.

Uno de los principales problemas que explican la ola de criminalidad en México tiene que ver con las instituciones de procuración e impartición de justicia en estados y municipios.

Estadísticas del Centro de Estudios de Finanzas Públicas evidencian que la tasa de crecimiento promedio del PIB anual que se alcanzó en la administración de Felipe Calderón fue de 1.84%, la más baja desde 1989, cuando estaba en la presidencia Carlos Salinas de Gortari.

Electricidad, la métrica

Para resolver el problema de identificación, los autores Gustavo Robles, Gabriela Calderón y Beatriz Magaloni seleccionaron los municipios más afectados por la violencia relacionada al narcotráfico, en busca de algún cambio en la participación laboral y la generación de empleo.

Identificaron 340 municipios -esto es, 14% de las alcaldías que hay en el país- como los sujetos de análisis.

Ante la falta de desagregación del PIB municipal en México, los investigadores tomaron como un indicador de la actividad económica el consumo interno de la electricidad.

Lo anterior ya que cerca de 60% del consumo interno de electricidad proviene del sector industrial, mientras los hogares consumen alrededor de 25 por ciento.

Tras esta revisión, encuentran que los municipios que experimentaron incrementos drásticos de la violencia entre el 2006 y el 2010 redujeron de forma importante su consumo de energía durante los años posteriores al evento.

Magro crecimiento en el largo plazo evidencia percepción de inseguridad: Fraser Institute

El crecimiento económico promedio de México en los últimos 25 años, de 2.5%, podría evidenciar el impacto que ha tenido en el PIB el clima de inseguridad y la crisis institucional que priva en el país, afirmó el responsable de la investigación en México para el índice de Libertad Económica de Norteamérica del Fraser Institute, José Torra.

En entrevista para El Economista, afirmó que “las tasas tan bajas de crecimiento, que no superan 3% anual en el mejor de los casos (…), hablan de la fuerte e insuficiente ausencia de inversión privada en el país”.

“Indudablemente en los últimos años, los dos últimos sobre todo, se ha observado un mayor acercamiento -de inversionistas- generado por el gobierno, al dar ciertos beneficios. Pero en la economía real también se debe buscar lo que no se ve y la insuficiente inversión privada evidencia la mala percepción de confianza que tienen las grandes empresas”, agrega.

Descarta por completo que las intervenciones de policía federal en Ciudad Juárez o Monterrey tengan algo que ver con una mejora en el clima de seguridad.

“En Ciudad Juárez la inseguridad era tal que bares, tiendas y restaurantes emigraron a El Paso, Texas, lo que minó el negocio para el narcotráfico. No fue el ingreso de la policía federal lo que desalentó a las organizaciones criminales”, asegura.

Al retirarse el crimen organizado comienzan a regresar empresas, observa, “pero de ninguna manera son las mismas que se fueron, ni se puede anticipar que generen la riqueza y empleos que había antes de los peores años de criminalidad en la zona”.

Temen al crimen organizado y desconfían de instituciones

  • Las autoridades afirman que la llegada de inversiones evidencia la confianza, y cada semana se escucha de inauguraciones, de proyectos de inversión. ¿Dónde está entonces la desconfianza?
  • Para las empresas no son los altos costos que les genera el crimen el factor de mayor riesgo; sí incide pero es más la falta de confianza en las instituciones policiacas, el sistema judicial, las decisiones del más alto nivel entre los magistrados así como el evidente incumplimiento de la ley. Eso es lo que pone más en alerta a los inversionistas.
  • En los comparativos de Competitividad, del Foro Económico Mundial y de Libertad Económica del Fraser Institute, los lastres de México son las instituciones, ¿qué tiene que ver con la inseguridad y violencia?
  • El gobierno está más preocupado por la corrupción, pero no es lo que se espera que se atienda, sino la solidez institucional donde se reconozcan los derechos de propiedad que darían certeza jurídica a las inversiones de largo plazo. Ahí es donde califica mal (…) en los espacios abiertos a la impartición de justicia hacia las fuerzas militares que deben proteger, no juzgar, no intentar aplicar la ley.

Es ahí donde se ha entrado en una crisis institucional desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón, en el 2006.

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