Ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia
Frente a todo pronóstico, la Suprema Corte puso ayer de manifiesto una tristísima realidad: no tenemos un tribunal constitucional, sino una oficialía que valida los anhelos de un Presidente tan poderoso como caprichoso.
Al tener en sus manos el asunto más importante en términos políticos de la era moderna del Poder Judicial, los ministros debían recordarle a López Obrador que no tenemos un régimen de un solo hombre, sino un Gobierno de leyes.
La Corte, sin embargo, claudicó. Seis ministros dieron la espalda a un proyecto con buenas razones, disfrazaron sus argumentos políticos de jurídicos y declararon la constitucionalidad de una consulta absurda.
A la Corte le urgía hablar con una sola voz. Optó, por el contrario, por la indeterminación y la confusión, mostrando que está muy lejos de funcionar adecuadamente como cuerpo colegiado.
La actuación del ministro presidente, Arturo Zaldívar, fue bochornosa. Estructuró la discusión a conveniencia, fue el primero en hablar después del ponente (algo atípico para un presidente de la Corte), manipuló la votación y generó un falso consenso sobre una nueva pregunta que apareció por generación espontánea.
La estrategia fue tramposa. La Corte debía analizar si la materia (el fondo) de la consulta era constitucional y, en su caso, ajustar la pregunta (la forma).
En ese sentido, la materia de la consulta obradorista era clarísima. El Presidente López Obrador pedía investigar y sancionar penalmente a los ex Presidentes por la comisión de posibles delitos.
De esa manera lo entendió el proyecto de Aguilar, así como los ministros Piña, Laynez, Franco y Pardo. Los primeros, además, dieron un debate de altura, argumentando desde la Constitución y hablando como auténticos jueces constitucionales.
Pero seis ministros, incluido Zaldívar, torturaron el texto de la pregunta de López Obrador hasta hacerla decir lo que no dice. Cada uno creó su fantasía constitucional. Así, la materia de la consulta se convirtió en un asunto de responsabilidades administrativas, o de amnistías, o de búsqueda de la verdad o de política criminal. Cada uno dijo que, con su materia, la consulta sería constitucional. Pero nunca generaron un consenso.
Zaldívar forzó la decisión. Pidió mandar al diablo las razones y concentrarse en el sentido. Así se generó una mayoría artificial de seis ministros, que votaron juntos, pero sin ponerse de acuerdo. Se decretó un receso y se dijo que posteriormente la Corte analizaría la pregunta.
Esta segunda cuestión se antojaba imposible. ¿Cómo saber si la pregunta era congruente con la materia, si ni siquiera se definió cuál era la materia de la consulta? La imposibilidad lógica fue superada, no obstante, con un madruguete político. Zaldívar reanudó la sesión y, sin mayor explicación, anunció que se había logrado un consenso a la sombra, al margen del escrutinio público.
Así la politiquería hizo su trabajo y emergió una nueva pregunta, que poco o nada tiene que ver con la propuesta de López Obrador. En el invento de los seis ministros ya no se consultará sobre delitos, ni sobre la actuación de los ex Presidentes, ni sobre investigaciones y sanciones penales. Nada de eso. Ahora la ciudadanía decidirá si se deben o no esclarecer «decisiones políticas», tomadas por «actores políticos», para «garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas».
¿Cómo llegó la mayoría a esta redacción? No lo sabemos. ¿Cómo es que esta pregunta no viola la Constitución? Nada se dijo. La Corte renunció a la deliberación y al razonamiento para regalarle al Presidente su consulta.
La Corte renunció así a su función de contrapeso, y de paso se convirtió en el nuevo tribunal de las tres mentiras. Hoy podemos decir que no es ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia. Tenemos, en cambio, una Oficialía de Gestiones Presidenciales.
Garza Onofre es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Reyes es investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
