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Despilfarro de recursos

11-26-2014

 

Análisis ANEI. Noviembre 26, 2014

Roy Lavcevic

Resulta paradójico que mientras el Gobierno exija a sus ciudadanos una mayor aportación de recursos, argumentando su necesidad para un mayor crecimiento y desarrollo del país, haga caso omiso de la transparencia y rendición de cuentas que deberían dar sobre el uso de los recursos públicos, y a veces de forma arrogante se olvidan que los mandantes son los ciudadanos y ellos funcionarios públicos, no dueños del país.

En 1999 el Gobierno gastaba el equivalente al 18% de PIB y para 2013 dicho gasto llego a 26%.  Gran parte de ese incremento fue posible debido a los altos precios del petróleo; sin embargo el uso eficiente y productivo de ese excedente queda en duda, ya que el gasto corriente creció casi en la misma proporción.

 

 

 

Adicionalmente en los últimos cinco años el endeudamiento público creció derivado del déficit que mantuvo el gobierno, tanto así que para 2014 se estima que dicho déficit sea el mayor de los últimos 20 años, reflejándose en la deuda pública la cual podría llegar al 40% del PIB al cierre del año, siendo que ésta era de tan solo 21% en 2007.

Si medimos este gasto por su capacidad de generar crecimiento económico, el panorama no es alentador. En 1997 cada peso que gastó el Gobierno contribuyó a generar $1.1 pesos del PIB; en 2013 esta relación indicó que por cada peso gastado solo contribuyó al PIB con $0.67 pesos, producto de un mayor gasto corriente y en transferencias, o quizás despilfarro. Esto contrasta con el sector privado, el cual posee el 26.8% de los activos de la economía y genera 49% del PIB, mientras el Gobierno tiene el 27.2% de los activos y contribuyó al PIB con solo 9%, es decir el sector privado aporto 5 veces más en la generación de bienes y servicios (PIB) que el Gobierno. Por consecuencia es una falacia afirmar que el Gobierno requiere más recursos para fomentar el crecimiento.

 

A pesar de esto el Gobierno, insatisfecho, pide más, aplicando reformas y leyes para exigir y obligar a sus ciudadanos a ceder más recursos, obviando que cada peso obtenido es un peso que a alguien se le arrebató. La falta de rendición de cuentas producto de la poca o nula exigencia del ciudadano, pues se encuentra cegado por el discurso oficial y por el dogma de tecnócratas e incluso “intelectuales” en la materia, despistan la atención del debate que verdaderamente debiera estar en primer lugar: Cuánto y cómo debe gastar el Gobierno, en lugar de imponer cuánto y cómo debe recaudar.

Queda claro que el Gobierno no es un generador de riqueza ni de crecimiento económico, y el uso desmedido de los recursos públicos en despilfarro, privilegios políticos o sindicales, entre otros, es un agravio al ciudadano y un verdadero descaro por parte del funcionario público o político en turno, que cada vez piden más y más.