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Noticias - Editoriales

(Fuente: El Norte abril 22 2007)

Fernado Turner

El objetivo principal de la política económica debe ser crear 1.5 millones de empleos anuales, bien remunerados, durante los próximos 15 años. Lograrlo es inaplazable si queremos reducir la pobreza y asegurar gobernabilidad, por lo que apremian acciones que permitan aumentar 70 por ciento la inversión. Esto incrementaría la productividad, estimulando adicionalmente el incentivo para seguir invirtiendo.

 

Éste es el buen camino. Sin embargo, hay uno corto y otro largo. Estamos recorriendo el largo pretendiendo modificar muchas estructuras, para acelerar. La lista es como de supermercado: materia fiscal, pensiones, energía, laboral, seguridad, gobernabilidad, educación, etc.

El camino corto consiste en modificar las restricciones económicas críticas que reducen directamente la rentabilidad y, consecuentemente, el incentivo a invertir. ¿Cuáles son?

Preguntémosles a los emprendedores. A quienes desean abrir negocios. A jóvenes obstaculizados por equivocadas políticas autoimpuestas.

La lista corta de respuestas incluirá los altos precios de energéticos, infraestructura y productos y servicios de oligopolios privados. La siguiente limitante sería la ausencia de crédito oportuno, suficiente y competitivo para los pequeños y medianos empresarios.

¿Por qué no eliminar estos estorbos? Luego seguiremos, en un ambiente más positivo, con las reformas difíciles y costosas.

La respuesta dogmática es conocida. Es imposible bajar la energía porque importamos gas, y para evitar costo fiscal. Ambas razones son insostenibles. Si bien importamos 15 por ciento del consumo de gas, exportamos petróleo a precios muy buenos. La razón de exportar es poder comprar lo necesario donde sea más barato.

Bajar 10 por ciento la energía y los petroquímicos que se consumen en el país, equivale anualmente a una sexta parte del costo de la reforma del ISSSTE. ¿Por qué ésta primero y no la de energía competitiva?

Tenemos infraestructura cara por privilegiar al Estado y monopolios privados que el mismo Estado ha creado con privatizaciones. Esta política la podemos cambiar ya. No es tan caro como otras reformas.

La ausencia de un organismo especializado que financie adecuadamente a los pequeños y medianos emprendedores, similar a los existentes en casi todos los países, es una ofrenda ideológica permanente a una banca sobreprotegida y rentista. El Estado no acierta a intervenir cuando debe y dejar de hacerlo cuando no.

La incapacidad para regular monopolios privados es un escándalo y un lastre para el país. Pocos fuera de ellos encuentran inversiones rentables debido a energía, comunicaciones, telecomunicaciones, banca y petroquímicos monopolizados y caros. Ciertamente no en actividades enfrentadas con competencia externa.

Acciones efectivas para bajar a niveles internacionales los precios de productos estatales y de oligopolios privados, son más urgentes, baratas, efectivas y aceptables que las reformas planteadas. Aumentaría de inmediato el incentivo a invertir. Nos sorprendería el resultado.

Lo primero, la regulación, debe ser parte indispensable de la reforma fiscal. Lo segundo, bajar precios, demanda voluntad política de un gobierno verdaderamente liberal. El fisco ahorraría millones desinflando lo que paga a los oligopolios. El crecimiento resultante en utilidades empresariales y en nóminas ampliaría la base gravable y el Estado recuperaría pronto su "sacrificio".

Aun con todas las reformas estructurales, si no cambia la relación de precios de aquellos productos sujetos a la competencia internacional y los monopólicos, la economía no crecerá lo suficiente por la imposibilidad de lograr inversiones rentables en los sectores liberalizados.

Algunos académicos manifiestan ya su desencanto ante las recetas tradicionales y sugieren acción decisiva sobre las restricciones críticas. Eso hizo crecer a los tigres asiáticos y ahora a China e India.

Propongamos intentarlo. Es lo menos que podemos hacer. No tenemos tiempo para caminos largos. Ya perdimos suficiente.

 

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