(Fuente: El Norte, Noviembre 13 del 2008)

Evangelina Vargas 

La reforma energética representó una segunda expropiación del sector petrolero mexicano, sólo que en esta ocasión no fue a las empresas extrajeras, sino a la Secretaría de Hacienda, aseguró el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida. Se le dio a Pemex autonomía de gestión, ya que Hacienda era la que fijaba el marco normativo que regulaba aspectos como las inversiones y el presupuesto de la paraestatal, y gracias a la reforma se cedieron facultades al Consejo de Administración de la petrolera, aseveró ayer en una conferencia que dio en el Tec de Monterrey en la que analizó el impacto de la reforma.

El sector energético representa la principal fuente de recursos fiscales del Gobierno federal, de los estados y los municipios, ya que el año pasado 38 de cada 100 pesos que recibió Hacienda provinieron de los pagos de derechos e impuestos que realizó Pemex, dijo el Senador por Sinaloa. Señaló que la facturación de Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad y Pemex en el 2007 alcanzó 1.4 billones de pesos, que representaron el 14 por ciento del Producto Interno Bruto de México.

Entre el 2030 y 2040 la producción mundial alcanzará su nivel máximo entre 100 y 110 millones de barriles diarios de petróleo crudo equivalente, por lo que el País tiene sólo 25 ó 30 años para lograr un cambio fundamental en el sector, aseguró. Debido a esto la reforma era indispensable, aunque fue tardía y tendría que haberse llevado a cabo hace 10 ó 20 años, indicó.

"En México el 90 por ciento de nuestra energía primaria proviene de hidrocarburos, a diferencia del (resto del) mundo que depende en un 60 por ciento". Labastida sostuvo que el principal riesgo para el País es que en el 2010 caerá la producción de Ku-Maloob-Zaap, el segundo yacimiento más importante y que compensa actualmente la declinación de Cantarell.

Afirmó que la disminución de la producción puede frenarse explotando alrededor de 350 yacimientos que están en tierra firme y en aguas someras, cuyo desarrollo se podría llevar a cabo en el corto tiempo, a diferencia de los que se ubican en aguas profundas. Entre los beneficios de la reforma destacó los cambios a la Ley Reglamentaria del Artículo 27, que facilitan la explotación de los yacimientos transfronterizos, mediante tratados que realice el Presidente de la República y sean autorizados por el Senado.