La señal del 2 de julio de 2006 es clara: la mitad de los electores piensan que la pobreza debería ser la prioridad nacional. El Presidente Calderón ha sugerido en múltiples ocasiones haber entendido este mensaje y ha prometido “hacer algo” en consecuencia. Lo verdaderamente extraño es la forma en que ha pretendido resolver este tema.

En una economía de mercado, la función del Estado es crear condiciones para la inversión, generación de empleo, crecimiento económico y bienestar colectivo, mediante la actuación de los individuos buscando su bien particular. En cambio, gran parte de la justificación de esta reforma fiscal se ha basado en el argumento de que el gobierno tiene que atender el tema de la pobreza a través de subsidios; es decir, de gasto público no productivo.

La última campaña de spots por parte de la Presidencia de la República, muestra a la Reforma Fiscal precisamente como la salvación de los que menos tienen. Si el Presidente Calderón pretende atenuar la pobreza mediante subsidios, no sólo estaría traicionando sus propios principios y su credo liberal, sino que estaría dándole la razón a los presentados por sus ex contendientes, los que él mismo tachó de erráticos en más de una ocasión.

En lugar de proponer una Reforma Fiscal en la que el Gobierno recaude más recursos para destinarlos al subsidio de la pobreza -con cuestionables tintes políticos e ineficiencias burocráticas-, debe proponerse una reforma fiscal que benefie a todos, incentivando la inversión, el empleo y crecimiento económico.

Un estado eficiente y barato, permitiría el despliegue de las capacidades individuales; generando un aumento de inversión productiva y con ello -tal como nos prometió- de empleos. Que no se confunda: aún en una economía tan distorsionada como la nuestra, sólo así se reduce la pobreza.